Un decreto presidencial que amenaza gravemente la propiedad privada

El pasado mes de diciembre, ante la tragedia invernal sin precedentes que vivió Colombia, el Sr. Presidente de la República expidió el decreto 4628 de 2010, por medio del cual fue declarado el Estado de Emergencia Económica y Social.

De esta forma, se creó un régimen de excepción, en el cual el Sr. Presidente queda facultado legalmente para dictar decretos con fuerza de ley, destinados a conjurar la crisis desatada por las lluvias e inundaciones y a impedir que se extiendan sus efectos. Los decretos que dicte el Gobierno en uso de estas facultades excepcionales han de referirse necesariamente a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia.

Se crean mecanismos de expropiación

Sin embargo, el Gobierno, excediendo abiertamente las facultades que el da el Estado de Emergencia, expidió el Decreto legislativo 4628 de 13 de diciembre de 2010 “Por el cual de dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas” Mediante tal expropiación administrativa se pueden adelantar procedimientos sumarios de expropiación de inmuebles, alegando la necesidad urgente de adelantar innumerables obras públicas como proyectos de vivienda, de reconstrucción, de reubicación de poblaciones, creación de infraestructura para vivienda y para servicios, la reconstrucción de la malla vial y la construcción de nuevas vías.

Aparentemente, el fin de la medida no podría ser más loable, pues se trata de atender las necesidades de los damnificados. Todos los colombianos quedamos traumatizados ante la tragedia de millares de compatriotas que lo perdieron todo, o casi todo, ante el rigor de la naturaleza, que produjo daños inmensos a lo largo y ancho del País.

Es un deber ineludible del Estado atender en forma inmediata a todos los damnificados, proporcionando abrigo, alimentación, vivienda y muchas otras necesidades a todos ellos. Igualmente, también es una obligación urgente reparar los daños causados en la infraestructura pública de la nación, como las carreteras, ferrocarriles, escuelas, aeropuertos, puentes, acueductos, redes eléctricas, telefónicas, y tantas otras necesarias para el funcionamiento de las instituciones.

Y esta no es sólo una obligación del Estado. También lo es del sector privado, y de cada uno de los ciudadanos de Colombia, que estamos obligados a muchos sacrificios con el fin de atender las necesidades de quienes fueron alcanzados por la tragedia. A ello nos obliga nuestra fe cristiana que predica la solidaridad y amor al prójimo.

Entretanto, una tragedia producida por la naturaleza no se puede solucionar con otra tragedia, ésta jurídica, producida por el gobierno. Y esto es lo que se ha hecho al expedir el referido Decreto 4628, que concede facultades extraordinarias de expropiación administrativa a todos los organismos estatales. El Gobierno ha modificado sustancialmente el principio constitucional según el cual la regla general es la expropiación mediante sentencia judicial con indemnización previa, y la expropiación administrativa es la excepción para los casos que señale el legislador, no el Gobierno.

El Gobierno no puede crear una expropiación administrativa general abusando de las facultades de la emergencia, particularmente cuando tal expropiación administrativa, por su inmensa generalidad y ambigüedad, no tiene relación directa y específica con el Estado de Emergencia y obviamente no está destinada exclusivamente a conjurar la crisis invernal y a impedir la extensión de sus efectos.

Grave amenaza a la Propiedad Privada

Evidentemente esto va a generar las más grandes injusticias sociales, pues uno de los pilares del ordenamiento jurídico de la nación, como lo es la Propiedad Privada, va a quedar al arbitrio de la politiquería, o del capricho de los directores de los organismos estatales.

El artículo 58 de la Constitución Nacional establece los procedimientos por medio de los cuales el Estado puede adelantar los procesos de expropiación judicial, en los cuales se debe demostrar el carácter de utilidad pública de la expropiación, y debe indemnizarse previamente al legítimo propietario, de acuerdo al valor real del bien en cuestión. Este procedimiento es fundamental para poder adelantar las obras públicas que la nación demanda, como carreteras, avenidas y otras similares. En estos procesos, la Constitución es respetuosa de los derechos de los ciudadanos y establece procedimientos adecuados para garantizar esos derechos.

Con este decreto presidencial se abren las puertas para que cualquier entidad del Estado realice expropiaciones por la vía administrativa. Se niega absolutamente el derecho de defensa a los propietarios; el plazo para efectuar la expropiación se reduce a sólo 5 días comunes, sin que el propietario tenga derecho a réplica; el valor de la indemnización es fijado por el mismo Estado de una manera inmediata e inapelable, y la forma de pago de la indemnización puede ser con un plazo a varios años. Este procedimiento es francamente confiscatorio.

Semejante vulnerabilidad del principio fundamental de la Propiedad Privada sólo puede crear más caos e inestabilidad jurídica en la Nación. Además, también se puede prestar para que las mafias politiqueras que gobiernan casi todas las regiones de Colombia, decidan perjudicar gravemente a unos ciudadanos y eventualmente favorecer a otros, dependiendo de la inclinación política e ideológica que tengan.

Nos parece pues, que este decreto presidencial debe ser declarado inconstitucional por la Honorable Corte Constitucional, que actualmente está adelantando su revisión, pues su aplicación traerá a nuestra Patria una desgracia mayor que la producida por el invierno. Es un deber fundamental de la Corte determinar que todas las normas y decretos expedidos por el Ejecutivo sean respetuosos de la Constitución Nacional.

Igualmente, la Procuraduría General de la Nación debe conceptuar a la Corte Constitucional sobre este decreto, y también determinar si con su aplicación se vulneran los derechos de los ciudadanos, y eventualmente se abren las puertas para que un sinnúmero de funcionarios del Estado cometan actos de injusticia escandalosos, que sólo generarían problemas mayores que los que se pretende remediar.

Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Febrero de 2011