La Corte Suprema de Justicia consagra la impunidad y deja desprotegidos a los ciudadanos de bien

Hace pocos días, la Honorable Corte Suprema de Justicia emitió un Comunicado de Prensa que dejó horrorizado al País y perpleja a la comunidad internacional.

En un escueto comunicado entregado a los medios, que no equivale a una sentencia de fondo, la Sala Penal de la Honorable Corte le informa al País que profirió un auto mediante el cual se inhibe de iniciar investigación penal en contra de Wilson Borja, ex-parlamentario del Polo, por tener vínculos con las Farc. Esto, en razón a que todas las pruebas incautadas en la famosa “Operación Fénix”, en la cual se dio de baja al máximo cabecilla de las FARC, el terrorista Raúl Reyes, en una operación militar en Ecuador, son nulas por haberse obtenido violando el debido proceso.

Según la Corte, las pruebas no se obtuvieron de acuerdo a las disposiciones legales colombianas, fueron recaudadas de facto traspasando ilegalmente la frontera y además no se contó con la participación de las autoridades ecuatorianas.

Ante un hecho de tanta importancia como éste, con la repercusión nacional e internacional que ha causado, la Sociedad Colombiana Tradición y Acción, no puede dejar de hacer algunas consideraciones al respecto.

El Comunicado de Prensa del 25 de mayo de 2011

Si bien el Comunicado de Prensa no hace referencia a los aspectos político–militares de la “Operación Fénix”, sino que dice centrar su estudio en los aspectos meramente jurídicos, la decisión tomada no deja de ser una censura indirecta a dicha operación militar, que tuvo consecuencias enormes en la lucha del Estado colombiano contra el terrorismo.

Los Honorables Magistrados de la Sala Penal consideran ilegal la forma como las Fuerzas Armadas colombianas obtuvieron esos documentos en territorio ecuatoriano, en medio de una operación militar. En su sentido más profundo, la deplorable decisión de la Corte es más política que judicial. Es un pretexto por el cual los más altos jueces colombianos cuestionan la administración del ex Presidente Alvaro Uribe Vélez, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, por haber adelantado la “Operación Fénix”.

La Sala Penal no puede desconocer que el propósito de la “Operación Fénix” no era recaudar pruebas contra las FARC y sus cómplices, ni que para adelantarla se pudiera tener el consentimiento de las autoridades ecuatorianas. El propósito era capturar o dar de baja al terrorista Reyes, cabecilla de las FARC, quien se guarecía en Ecuador con el beneplácito de las autoridades de aquel País, desde donde dirigía y organizaba atentados contra la vida, honra y bienes de los colombianos.

Es universalmente aceptado que cuando se realizan operativos militares en el extranjero, y en particular si el objetivo es combatir el terrorismo, no se tiene el propósito de recaudar pruebas, ni se siguen los procedimientos establecidos en los códigos de procedimiento penal para casos normales, y mucho menos de cumplir los protocolos de recaudo de pruebas establecidos en el país donde se realiza la operación militar. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, incluyendo famosísimas operaciones militares en Irán, Irak y recientemente en Paquistán, este principio no ha sido cuestionado por ninguna autoridad judicial en el mundo.

Y como era de esperarse, las repercusiones internacionales no tardaron en producirse. La Corte Suprema de Sucumbíos en Ecuador, en una decisión inspirada en el Comunicado de Prensa de nuestra Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio a los generales comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, por el asesinato de varias personas en la llamada Operación Fénix.

Las FARC son un monstruo de dos cabezas: terrorismo y narcotráfico

Es imposible suponer que los honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia hayan olvidado que durante los últimos 50 años de nuestra historia, las FARC han desarrollado una guerra implacable y sangrienta contra la sociedad colombiana. Decenas de miles de asesinatos y secuestros, atentados terroristas infames y salvajes cometidos en todos los rincones de la geografía colombiana, ataques permanentes contra el Ejército y la Policía, crímenes sin nombre contra campesinos y empresarios, han sido la constante permanente del último medio siglo en nuestra Patria.

Y, ¿quién ha sido el causante de toda esta tragedia humanitaria? Fundamentalmente las FARC. Con el apoyo recibido en su momento del comunismo internacional a través de Rusia y de Cuba, y más recientemente, de su incursión como uno de los mayores carteles de la droga del mundo, las FARC son la principal amenaza para la estabilidad política, no sólo de Colombia, sino de todos los países vecinos.

Ese peligro ha hecho que las más importantes naciones del mundo occidental estén colaborando con el Estado colombiano para enfrentar una amenaza tan grave y tan poderosa. Casi todas las naciones europeas y americanas la consideran una organización terrorista, que vive del crimen y del narcotráfico, que ha destruido a Colombia, y que es el principal factor de pobreza, de atraso y de injusticia en nuestra Patria.

En consecuencia, todos los estamentos de la Sociedad las han combatido sin tregua, especialmente en estos últimos años, en los que se han debilitado muchísimo gracias a un combate ejemplar y heroico de nuestras Fuerzas Armadas y de los últimos gobiernos, incluido el actual. La opinión pública de Colombia ha apoyado esta lucha sin vacilaciones, con decisión absoluta y con entusiasmo. Sólo para confirmar nuestra afirmación, basta recordar las multitudinarias marchas contra las FARC de los últimos años, y que los últimos dos presidentes de Colombia han sido elegidos por amplísimas mayorías, principalmente porque han prometido mantener un combate implacable y sin tregua contra las FARC y contra todas las organizaciones terroristas que han destruido a Colombia.

En este esfuerzo titánico hemos estado todos los colombianos. Con excepciones absolutamente minoritarias, toda la nación ha respaldado a nuestras Fuerzas Armadas en su combate contras estas organizaciones, ha celebrado con júbilo cada una de las victorias, como ésta de la cual nos ocupamos, y ha respaldado su lucha incansable para devolvernos la paz perdida.

La lucha contra el terrorismo es una de las tareas más difíciles de la sociedad contemporánea. Si a esto se le suma la lucha contra el narcotráfico, esta dificultad se multiplica. Y si tenemos en cuenta que en el continente americano las FARC encarnan a un monstruo de dos cabezas, que representa la más radical unión de terrorismo político por un lado, y de narcotráfico por otro, no podemos ignorar que tenemos delante de nosotros a un enemigo temible que quiere destruir el orden cristiano de nuestra nación, para imponer un régimen totalitario de carácter marxista-leninista, en donde desaparecerán todas las libertades, pues serán reemplazadas por la tiranía más abyecta. Esto, que suena tan terrible, es el abecedario del más novato integrante de las FARC.

El mundo cierra filas contra el terrorismo

¡Sin embargo, lo que parece tan evidente a todos los miembros de esta organización terrorista, y sobre todo, lo que la inmensa mayoría de la opinión colombiana ve con absoluta claridad, al parecer, es totalmente confuso para los miembros del máximo tribunal de justicia de Colombia!

En el momento en que la mayoría de las naciones toman medidas extremas para protegerse del terrorismo, uniendo esfuerzos internacionales para dar con la captura de estos maleantes, desmantelando sus organizaciones asesinas, judicializando a sus cómplices, castigando a los que participan de esta forma siniestra de maldad, la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia toma el camino opuesto.

Y es esto lo que se evidencia con las pruebas obtenidas en los computadores del abatido terrorista Raúl Reyes. En vez de desenredar la madeja del terrorismo con la información extraordinaria que se obtuvo, en un acto legítimo de guerra contra el peor enemigo de la sociedad colombiana, la Honorable Corte pretende paralizar y anular todas las investigaciones.

Su actitud deslegitima las pruebas obtenidas y cerca de impunidad a los responsables del terrorismo, dejando desprotegidos a los ciudadanos de bien. Y va en contravía del más profundo sentimiento de una nación y de un pueblo profundamente cristianos, que en su fuero más íntimo, rechaza todas esas formas de violencia guerrillera y narcoterrorista, y que sólo pide a Dios que la majestad de la justicia actúe para castigar a los responsables de tanta maldad, haciendo desaparecer para siempre a todas estas organizaciones que sólo han traído dolor, injusticia y pobreza a nuestra Patria por más de 50 años.

La claudicación de la justicia fortalece el crimen

Al hacer estas consideraciones, queremos hacer un llamado a todos los que tienen la altísima investidura de administrar justicia en nuestra Sociedad, como un reflejo de la Justicia Suprema que sólo proviene de Dios Nuestro Señor. Pero no podrá mantenerse incólume una sociedad en la cual se utilizan tecnicismos judiciales de la más baja condición, que paralizan los procesos judiciales, cuando se trata de enfrentar al más grande, al mayor, al más peligroso, y al más agresivo enemigo de Colombia.

Para terminar estas consideraciones, no está de más preguntar a los honorables magistrados de la Corte, en estos días en que se celebraron los 25 años del asalto del M-19 al Palacio de Justicia: ¿Cuántos integrantes de la rama judicial del Estado han sido asesinados por el terrorismo y por el narcotráfico en Colombia? ¿Tenemos alguna idea del tamaño y la dimensión de esta inmolación?

Aunque algunas voces sean discordantes, estamos seguros que la falta de vigor en el combate a estas organizaciones, es la mayor responsable de los crímenes que cometen. Y que la debilidad de los estamentos de la Sociedad que las deberían combatir con firmeza, termina siendo la principal de sus aliadas.

Que la Santísima Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia, no permita que la iniquidad guerrillera siga oprimiendo al pueblo colombiano.

Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Junio 25 de 2011