Tradición y Acción, desde su fundación en el año de 1999, ha sido la continuadora en Colombia de la obra del insigne pensador brasileño, el Profesor Plinio Correa de Oliveira.

Dedicada a defender los valores de la civilización cristiana, hoy gravemente amenazados por múltiples factores, todas nuestras campañas y actividades están encaminadas a restaurar los valores religiosos perdidos y a defender la Sociedad de las amenazas del terrorismo marxista, que tanto daño le hacen a Colombia.

En este contexto, presentamos este documento sobre la iniciativa absurda de desarmar a los buenos ciudadanos que portan armas legales, mientras los criminales continúan armados ilegalmente cometiendo todo tipo de fechorías y crímenes, sin que contra ellos se ejerza una acción eficiente por parte del Estado. 

El Desarme de los ciudadanos:

¡Se desarma a la gente buena y pacífica y no se desarma a los criminales!

En los últimos años, diversas autoridades han planteado el desarme de quienes portan armas legales, como un medio para disminuir los delitos. Con esta medida, afirman que la violencia y la criminalidad disminuyen ostensiblemente.

Ante el debate permanente acerca de las armas legales e ilegales, la Sociedad Colombiana Tradición y Acción desea hacer algunas consideraciones ante la opinión pública del País, con el fin de proteger los derechos de los compatriotas honestos y cumplidores de la ley, que continuamente son atropellados por los delincuentes que jamás hacen caso de estas medidas de desarme ciudadano.

Todas las veces que se impone el desarme de las armas legales, esas mismas autoridades presentan unas estadísticas manipuladas y mentirosas, que supuestamente demuestran menos robos, menos asesinatos y menos asaltos.

¿Cuál es el interés de mantener esta mentira ante la opinión pública del País? La inmensa mayoría de los colombianos tiene la certeza de que la realidad es exactamente lo contrario. Todos los delitos han aumentado sistemáticamente en los últimos años. Como muestra de esa triste realidad, citemos apenas los siguientes ejemplos:

*El terrorismo ejecutado por los diversos grupos guerrilleros, que parecía haber desaparecido, ha regresado con una feroz capacidad de intimidación.

»Los retenes subversivos en las diversas carreteras, que atentan contra la libertad de los ciudadanos, se han vuelto a presentar por todo el País.

»Los ataques terroristas contra las Fuerzas Armadas, con numerosos muertos entre soldados y policías, se han vuelto repetitivos en los últimos meses.

»Los ataques contra la infraestructura petrolera, con enormes daños a oleoductos y sus zonas aledañas, han vuelto a aparecer.

»Asaltos a diversas poblaciones campesinas, que inclusive han sido atacadas con roquets y bombas, cosa que hace años no se presentaba, han vuelto a suceder.

»De nuevo ha regresado el flagelo del secuestro, tanto en las ciudades como en el campo.

»Los atracos callejeros, los robos de autos y los asaltos a residencias se han multiplicado, a pesar de que las autoridades afirman todos los días que han disminuido. Cualquier colombiano, desde la costa caribe hasta el extremo sur, y desde el Chocó hasta la frontera con Venezuela, sabe que esto es así.

Lamentablemente, los funcionarios del Gobierno no parecen darse cuenta de esta cruda realidad. Y para enfrentar los graves problemas de seguridad que padecemos, no se les ocurre nada más eficaz y brillante que prohibir el porte de armas legales a los ciudadanos que las poseen.

Como colombianos preocupados por este enorme deterioro de la seguridad ciudadana, nos permitimos decirles a los honorables funcionarios del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de la Policía, con el mayor respeto, pero con firmeza:

¡Con estas medidas se desarma a la gente buena y pacífica y no se desarma a la gente mala y violenta!

Es una realidad incontestable que la inmensa mayoría de los delitos y crímenes en Colombia son cometidos con armas clandestinas e ilegales. Cuando una persona ha solicitado a la autoridad competente el uso de un arma legal, que ciertamente necesita por los graves problemas de seguridad que hay en el País, con certeza no la va a usar para cometer crímenes. Si por acaso esto llegase a acontecer, sería una remota excepción.

Sencillamente la necesita porque la Policía y el Ejército son absolutamente insuficientes para garantizarle la seguridad, especialmente en zonas rurales donde la presencia de las autoridades es mínima. Y además, este ciudadano es un soporte y un punto de apoyo para las autoridades legítimas.

En este debate sobre el uso de las armas, sistemáticamente se omite la más fundamental y evidente de todas las verdades, que es la siguiente: La inmensa mayoría de los crímenes se cometen con armas clandestinas e ilegales, que se consiguen por montones en el mercado negro del crimen.

¿Cuál es la razón por la cual los esfuerzos de las autoridades no se concentran en desarmar a todos los grupos ilegales de delincuentes, terroristas, paramilitares y narcotraficantes?

Esas organizaciones son las que matan, las que secuestran, las que asaltan y las que roban a los ciudadanos honestos. Y poseen armas en cantidades. Y las usan todos los días. Pero, absurdamente, los esfuerzos de las autoridades se encaminan a desarmar a los ciudadanos honestos que tienen un arma legal, en vez de perseguir a estas organizaciones que son las responsables por la inmensa mayoría de los crímenes y delitos que afectan la seguridad ciudadana.

El primer resultado que se consigue con estas medidas absurdas, es que el delincuente adquiere la certeza de que su eventual víctima está desarmada. El ciudadano honesto acata la orden de desarme, pero el delincuente nunca estará preocupado por obedecer una ley de desarme.

Sin embargo, funcionarios del Gobierno, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y por supuesto los medios de comunicación, viven en campaña permanente para satanizar a los portadores legales de armas, que lejos de ser responsables de la inseguridad de Colombia, siempre han sido un punto de apoyo para las autoridades legítimas.

Muchas son las razones por las cuales nos parece un absurdo desarmar a los ciudadanos honestos mientras se dejan armados a los violentos. Veamos algunas de ellas:

»Es imposible que el Estado pueda estar en todo momento, en todos los lugares, defendiendo a todos los ciudadanos.

»Si por acaso se comete un crimen con un arma legal, esto es una excepción. La inmensa mayoría se comete con armas clandestinas e ilegales.

»Los delincuentes tienen acceso a millares de armas clandestinas y el Estado poco o nada hace para desarmar a los bandidos.

»El ciudadano armado legalmente es un defensor inmediato de una persona amenazada por un delincuente.

»En muchísimos lugares de Colombia, tanto en las ciudades como en el campo, un arma legal es la única posibilidad de defensa legítima.

»Cuando el Estado prohíbe la defensa legítima, debe estar en condiciones de proteger a todos los ciudadanos de una forma eficiente. Si no lo hace, corre el riesgo de tener que indemnizar a todos aquellos que son objeto de atropellos por parte de los armados ilegalmente.

»El Estado tiene la obligación de vigilar y controlar el uso de las armas legítimas, pero una vez concedido un permiso a una persona honesta, este debe ser respetado por todas las autoridades.

»Según estudios serios, responsables y altamente profesionales, en países de altos índices de criminalidad, el uso de armas legítimas por algunos ciudadanos disminuye los índices de criminalidad.

»Desarmar a los ciudadanos honestos y cumplidores de la ley sólo tiene como efecto inmediato el aumento de los crímenes.

»Es muy extraño que los funcionarios que proponen el desarme para todos los ciudadanos honestos, generalmente se movilizan en carros blindados proporcionados por el Estado y cuentan con complejos sistemas de seguridad, con numerosos escoltas, todo esto pagado con el dinero de los contribuyentes.

Con estas consideraciones, hacemos un respetuoso apelo a todas las autoridades del País, con el fin de que se diga la verdad acerca de este importante asunto y no se siga distorsionando la realidad de la situación de seguridad que vive Colombia.

Nuestra Patria, desde hace muchos años, es el objeto de una amenaza internacional organizada por fuerzas marxistas contrarias a nuestra índole católica, a nuestros principios religiosos y morales, fundamentados en la Civilización Cristiana. Esas fuerzas nos han venido atacando y destruyendo de manera inmisericorde por décadas, generando millares de asesinatos, secuestros y asaltos terroristas.

Esa realidad terrible tiende a ser ignorada por algunos de nuestros gobernantes, que ahora pretenden hacerle creer a la nación que los causantes de tantas desgracias son los pocos ciudadanos honestos que tienen un arma legal, legítima, y que usan exclusivamente para su defensa personal.

Será imposible que el Estado nos proporcione la paz y la seguridad a la cual todos tenemos derecho, si no se tienen en cuenta estas verdades tan evidentes. 

Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Julio 2012