Por: Eugenio Trujillo Villegas
Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

La preocupación de la mayoría de los colombianos sobre el futuro de nuestro País crece como la espuma. Las fuerzas políticas e ideológicas de izquierda persiguen un objetivo fundamental, que consiste en derribar nuestro sistema económico de libre iniciativa y de propiedad privada. Sin tapujo alguno, nos quieren conducir al caos social, al totalitarismo y a la miseria propias de los regímenes socialistas.

En ese empeño criminal, las viejas fuerzas del comunismo están más aliadas que nunca. Por un lado, tenemos al político y ex guerrillero Gustavo Petro, quien desde las sombras comanda las hordas salvajes que destruyen la infraestructura pública y privada de las principales ciudades del País. Como un moderno Nerón, este hombre se regocija cuando lanza a sus vándalos a destruir el mobiliario público, a incendiar locales comerciales, a agredir a los ciudadanos pacíficos, y a atentar contra la vida de los policías y soldados que nos protegen.

Sus aliados guerrilleros de siempre, las FARC y el ELN, proclaman sin tapujos que son los responsables del terrorismo urbano. Reclutan células subversivas para destruir las instituciones, cumpliendo así la promesa de Petro el día que perdió las elecciones presidenciales en el 2018. Ellos quieren derrocar al Presidente Iván Duque para imponer una revolución bolivariana en Colombia. ¡Al precio que sea! ¡Y el Gobierno, la Fiscalía y las Altas Cortes no parecieran darse cuenta de esta amenaza!

Es un hecho que la pandemia está siendo aprovechada hábilmente en el mundo por los dirigentes de la extrema izquierda, pues ésta ha sido más nociva por la destrucción de la economía, que propiamente por el número de enfermos y de muertos que ha provocado. Y lo que es peor, ha sido el pretexto para que el comunismo radical se lance a las calles a destruir el actual sistema económico, acusándolo de ser el gran responsable de la pobreza, cuando la realidad es exactamente lo contrario. Gracias a la propiedad privada es que el mundo ha llegado a los niveles de prosperidad y desarrollo que tenemos, y es por causa del socialismo marxista que la miseria se ha multiplicado en las naciones donde se ha escogido ese sistema antinatural de gobierno.

La Corte Suprema le da alas a la subversión

En medio de la crisis en que estamos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acaba de emitir una insólita y vergonzosa sentencia, el pasado 22 de septiembre, que es como una inyección de gasolina en un incendio. Se convierte así en un ente legislador, lo cual obviamente no es, con capacidad de darle órdenes a todos los poderes del Estado, dando alas a la protesta subversiva, y atando las manos de las entidades que deben velar por la protección de los ciudadanos y de los bienes públicos y privados.

Entre las principales determinaciones de esta absurda sentencia, está la de obligar al Ministro de Defensa a pedir disculpas al País por los eventuales excesos cometidos por la Fuerza Pública en su lucha legítima contra los recientes desmanes. Acusa a la Policía de practicar una violación sistemática del derecho a la protesta, y a la Fiscalía por los allanamientos realizados para capturar terroristas. Exige al Congreso de la República que legisle con urgencia para permitir la protesta civil; a la Defensoría del Pueblo, para que autorice con antecedencia la acción de los escuadrones antidisturbios, como si los vándalos y los terroristas avisaran el día y la hora en que cometerán sus fechorías.

También ordena al Presidente de la República a que expida un acto administrativo que permita las manifestaciones no violentas, y que ninguna autoridad pueda prohibirlas, cuando es evidente que el objetivo de las protestas es que terminen en actos de vandalismo, por la sencilla razón de que una protesta pacífica no es noticia, ni genera terror, pero la violenta sí. Ordena también al Presidente de la República a rendir un informe quincenal a la CSJ sobre la implementación de todas estas medidas, como si el Presidente fuera su subordinado. Prohíbe a la Policía el uso de armas no letales para contener a los terroristas, cuando esta decisión es una potestad de la Fuerza Pública.

Y, por último, la CSJ notifica al País que está en condiciones de exigir “el obedecimiento” de todas estas medidas. Es la proclama de la dictadura de los jueces, hecha por el llamado Cartel de la Toga, que ahora manda lo que se le antoja, sin importarle que el País tiene un orden institucional que debe ser respetado, y que el máximo tribunal de justicia de la Nación no es una entidad política, que no tiene facultades para darle órdenes al Presidente, a sus ministros, al Congreso de la República, ni a los demás entes administrativos. Y mucho menos para exigirles a todos ellos que se arrodillen delante del lobo furioso que nos quiere destruir.

Esa sentencia de la CSJ desconoce la Constitución, proclama la extinción de la separación de poderes, y obliga al Estado a inmolarse ante la agresión del comunismo, que viola en todo momento los derechos de los ciudadanos. En otras palabras, esa sentencia es una proclama de militancia política a favor de la izquierda, que protege y estimula las pretensiones de las minorías subversivas que nos han declarado la guerra.

Cuando las más altas esferas de la justicia se niegan a proteger los derechos y libertades de la mayoría honesta de una nación, se sumergen en las arenas movedizas de la ilegitimidad y de la ignominia. ¡En vez de proteger a la Policía, la humillan! ¡En vez de darle herramientas para defender el País, la obligan a pedir perdón por unos hechos aislados, que aun son investigados! ¡En vez de pedir castigo para vándalos y terroristas, los protegen! ¡En vez de velar por los derechos de los ciudadanos honestos y trabajadores, los entregan indefensos a las turbas destructoras!

Acusan a los demás, pero se absuelven a sí mismos

Si la CSJ obliga al Ministro de Defensa a pedir perdón al País por el supuesto abuso de dos patrulleros, que mataron a una persona en hechos confusos que aún no han sido esclarecidos, es inexplicable que la Corte no se obligue a la misma sanción, pues dos de sus expresidentes y varios otros de sus más encumbrados magistrados están en la cárcel o están siendo juzgados, acusados de los más escandalosos actos de corrupción. ¿Quién tiene mayor obligación moral de ser honesto? ¿Un humilde policía o un presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿A qué política le apuestan estos togados, que en medio de una crisis institucional tan grave, defienden a los enemigos de la sociedad y persiguen a los defensores de la ciudadanía? Si fallan dos policías en una institución que tiene 180.000 integrantes, esto en nada es comparable a cuando fallan en forma gravísima por lo menos la mitad de los miembros de una institución de 23 personas, y que además es el máximo tribunal de justicia del País.

Si Colombia quiere sobrevivir a la hecatombe de una dictadura judicial en manos de la izquierda, tendría que surgir un gran movimiento nacional de indignación en contra del Cartel de la Toga. Es necesario exigir que las Altas Cortes sean revocadas y todos sus miembros sean reemplazados por juristas honestos. Así, en vez de acabar con la Policía, la reforzaremos. La protesta social sólo es legítima cuando se manifiesta en forma pacífica, pues cuando es violenta se convierte en subversión y terrorismo. Algo elemental que la CSJ desconoce, obnubilada por sus perversas convicciones políticas.

Septiembre 28 de 2020 – trujillo.eugenio@gmail.com