Pasadas más de dos décadas desde el espectacular asalto del M 19 al Palacio de Justicia en Bogotá, las consecuencias que de allí se desataron son impresionantes.

La subversión marxista, por primera vez aliada a los carteles del narcotráfico en un golpe terrorista, quiso derrocar el gobierno del Presidente Betancur, asegurar la impunidad para los narcotraficantes de los carteles de Cali y Medellín, y de paso tomarse el poder en Colombia por medio de un espectacular asalto que conmovió al mundo.

Poco antes, un régimen comunista se había instalado en Nicaragua, después de una sangrienta toma del congreso de ese país por parte de las guerrillas sandinistas. El M 19 quería repetir la historia en Colombia, al juzgar que la actitud del País ante el chantaje sería la claudicación.

Después del asalto al Palacio de Justicia, la historia colombiana se partió en dos, pues este episodio fue el comienzo de una guerra implacable entre el Estado de Derecho y la subversión marxista. Por casi 25 años han corrido ríos de sangre por todos los rincones de Colombia. Militares, policías y ciudadanos de todas las actividades imaginables por un lado; guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes por otro. Dos caras de un conflicto que marcó profundamente nuestra historia reciente y que gracias a una política firme y categórica del actual gobierno se ha ido superando, aunque no ha terminado.

Guerra Militar y Guerra Política

En forma paralela se han ido desarrollando dos aspectos fundamentales de la guerra. Por un lado, la Guerra Militar propiamente dicha, en la cual el Estado de Derecho ha ganado no pocas batallas. Entre las más recientes, todas ellas trascendentales, están la gigantesca marcha contra las FARC del 4 de febrero del 2008, la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes y la espectacular Operación Jaque, con el rescate de un grupo de secuestrados. Como era de esperarse, una actitud firme y categórica del estado tiene a la subversión marxista terriblemente debilitada, con sus grupos terroristas dispersos, derrotados y muy limitados en su capacidad de acción.

Pero, por otro lado, el de la Guerra Política, o Guerra Psicológica Revolucionaria, el análisis de la situación es bien diferente. La subversión marxista siempre tendrá su puño levantado para atacar las instituciones legítimas por todos los medios, contando con la debilidad de muchas instituciones influyentes, pues su meta final es destruir los valores de la Civilización Cristiana y reemplazarlos por un régimen totalitario y ateo, donde la religión, la familia, la libertad y la propiedad no existan. Y en este terreno, podríamos afirmar que el balance de la guerra es diferente: La estamos perdiendo.

¿Afirmación exagerada? Algunos dirán que sí. Pero veamos algunos ejemplos indiscutibles de esta situación. La dirigencia del M-19 que planeó y ejecutó la macabra operación del Palacio de Justicia -y que sobrevivió para contarlo-, hoy ocupa los más prominentes cargos de la administración pública y ningún juez de la república les produce la más mínima incomodidad.

En aberrante y escandaloso contraste, la oficialidad militar que recuperó el Palacio de Justicia, salvando la democracia y las instituciones colombianas de la hecatombe, hoy está tras las rejas. Los jueces que han sido diligentes para absolver a los criminales, beneficiados con leyes de indulto y amnistía, se tornan implacables para condenar a los salvadores de la fuerza pública. ¿Cómo se puede explicar esto? Muy sencillo. En el episodio del Palacio de Justicia, se ganó la guerra militar y 25 años después se perdió la guerra política. Pero veamos más en detalle algunos casos aberrantes que muestran la magnitud de esta injusticia.

El Coronel Alfonso Plazas: Era el comandante de la Escuela de Caballería y fue quien dirigió personalmente las operaciones de rescate del Palacio de Justicia. Está preso desde hace dos años. Un sinnúmero de acusaciones falsas, proferidas por testigos falsos, le atribuyen la desaparición de varios terroristas, que supuestamente fueron sacados con vida de las ruinas del Palacio de Justicia y asesinados en los predios de la Escuela de Caballería.

La primera declaración falsa es la de un sujeto llamado Ricardo Gámez Mazuera, quien en 1989 acusó al coronel Plazas de desaparecer a algunos sobrevivientes del Palacio. El mismo día que hizo la denuncia viajó a Brasil, después a Alemania, y terminó en Bruselas, donde fue acogido por el primer secretario de la embajada colombiana, el Sr. Gustavo Petro. Sus acusaciones eran tan absurdas y descabelladas que la Procuraduría archivó el proceso en 1990, y en resolución del 15 de mayo de ese año afirmó que todo lo dicho por este sujeto era falso.

El otro testimonio por el cual está preso el Coronel Plazas Vega es de un tal Edgar Villamizar Espinel. En realidad, este personaje no existe, pues se comprobó que la denuncia fue hecha por Edgar Villarreal, sin que el juez pareciera percatarse de la falsa identidad, quien fue cabo del ejército, y suplantó al primero en forma fraudulenta. Dentro de sus acusaciones extravagantes, este sujeto afirmó que el día de los hechos llegó de Villavicencio un helicóptero con 14 suboficiales que aterrizó en la Escuela de Caballería, y estas personas fueron las encargadas de asesinar a los guerrilleros que salieron con vida del Palacio de Justicia y después los enterraron en los predios de esa unidad militar. En la exhaustiva investigación de los hechos, se comprobó que la Fuerza Aérea no realizó ningún vuelo de helicóptero en ese día, que en la época ningún helicóptero de las Fuerzas Armadas tenía capacidad para transportar a 14 personas, y que también era imposible para la época aterrizar en la Escuela de Caballería, pues el helipuerto estaba habilitado en una guarnición militar cercana y no en esa. Bajo la orientación de este sujeto se hicieron excavaciones en la Escuela de Caballería para encontrar las supuestas fosas de los desaparecidos y nada se ha encontrado hasta ahora. Conclusión: todas las acusaciones son falsas.

La otra acusación por la cual está preso el Coronel Plazas es la del cabo Tirso Sáenz Acero. Este sujeto pertenecía a la Escuela de Caballería, y el día de los acontecimientos estaba preso, como consecuencia de un consejo de guerra, acusado de varios robos menores. Según él, a pesar de estar preso en un calabozo de esa unidad, el Coronel Plazas lo sacó de ese lugar y le ordenó conducir un tanque Cascabel hasta la Plaza de Bolívar. Terminada la misión militar, al regresar horas después a la Escuela, según él, dentro del tanque fueron enviadas 6 personas para ser sometidas a interrogatorio. Pero acontece que esos tanques sólo pueden transportar a 3 personas (el conductor, el operador del cañón y ametralladora y el que carga con municiones estas armas). Es absolutamente imposible que en medio de un combate sólo haya un tripulante en el tanque, y más imposible aún que dentro del mismo quepan 6 pasajeros más. Es evidente que todo esto sólo puede ser mentira. Sin embargo, tal testimonio aberrante contribuye a tener preso al Coronel Plazas.

El General Arias Cabrales: Era el comandante del Ejército en el momento de los hechos. También está preso, acusado injustamente de ordenar la desaparición de algunas personas. Como comandante del Ejército en ese momento, se le acusa de ser el responsable de lo acontecido en el Palacio de Justicia, sin tener en cuenta que todos los muertos deberían ser responsabilidad del comando terrorista del M 19. No sólo fueron secuestradas unas 400 personas, sino que en una actitud desesperada, se ajustició a varios magistrados y a algunos de los ciudadanos que en ese momento estaban secuestrados, además de haber asesinado a varios miembros de la fuerza pública que participaron de la operación de rescate.

La radicalidad del ataque guerrillero, que pretendía derrocar al presidente y tomarse el poder por la vía de las armas, exigía también una respuesta igualmente radical por parte de las Fuerzas Armadas. En honor a la justicia, todos los muertos en el asalto tienen que ser responsabilidad del grupo terrorista, aunque alguno de ellos lamentablemente pueda haber fallecido por un error involuntario de la fuerza pública en el momento del rescate.

El Coronel Sánchez Rubiano: Era el jefe de inteligencia de la Brigada del ejército en Bogotá. Hoy está en libertad condicional, pero sobre él pesa un juicio de responsabilidades por la supuesta desaparición de varios terroristas.

* * * * *

En cambio, veamos cómo son las cosas con los dirigentes del M-19, que aunque no participaron del comando terrorista, si fueron los autores intelectuales del ataque y fueron ellos quienes planearon y ordenaron el asalto.

Antonio Navarro: Era uno de los jefes principales del M-19 y como tal, tuvo que participar en la planificación del ataque. Fue amnistiado, indultado, y se le perdonaron todos los crímenes. Hizo parte de la Asamblea Constituyente que años después elaboró la actual Constitución Política de Colombia. También fue ministro de estado, senador en varios periodos y actualmente es el Gobernador del Departamento de Nariño. Ninguna autoridad judicial lo investiga por nada.

Gustavo Petro: Al igual que el anterior, aunque no participó en el asalto, pues al parecer estaba preso por sus crímenes cometidos en nombre del M 19, con absoluta seguridad estaba al tanto de él. También fue amnistiado e indultado, y su proceso jamás fue reabierto, como sí aconteció con los militares mencionados. El presidente Gaviria lo asignó al servicio diplomático en el exterior en agosto de 1.994, fecha en que la entonces Canciller Noemí Sanín lo nombró Primer Secretario de la embajada de Colombia en Bélgica y allá estuvo por varios años. Después regresó a hacer política y hoy es senador. Se perfila como candidato presidencial por el Polo Democrático en las elecciones del próximo año.

Hebert Bustamente: También fue amnistiado. Ha hecho política y hoy es el director de Coldeportes, el organismo del Estado que dirige todas las actividades del deporte en Colombia.

Aparte de los hechos relacionados con el Palacio de Justicia, muchísimos son los casos en los cuales brillantes y honrados oficiales del Ejército y la Policía se encuentran hoy en líos con la justicia, denunciados por una red internacional de colaboradores de la subversión. Falsos testimonios, denuncias descabelladas y mentiras de todo género, son aceptadas como verdades por la Fiscalía, que de inmediato procede a abrir procesos penales contra estas personas.

Todo un conglomerado de ONGs que supuestamente defienden los Derechos Humanos, y de entidades políticas que son organismos de fachada de la subversión, vienen tejiendo una maraña siniestra que va envolviendo con mentiras, calumnias, difamación y falsas denuncias, a todos aquellos que de una u otra forma han contribuido a pacificar a nuestra patria.

Además, lo cual es gravísimo, el nuevo sistema penal de negociación de penas y de rebaja de las mismas por la supuesta “ colaboración con la justicia”, ha hecho que un número incontable de delincuentes –entre guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes- acusen sin pruebas a gran cantidad de personas, con la certeza de que los jueces reducirán sus penas. Y este principio, aplicado en forma irresponsable por algunas autoridades judiciales, ha sido el motor de no pocas injusticias.

Ante estos hechos bochornosos, es necesario apelar al sentido común y a las más elementales normas de justicia y de equidad, para que la opinión nacional e internacional conozca esta situación. Muchos de los defensores de nuestra patria, que en otras latitudes serían considerados verdaderos héroes, dignos del respeto y del agradecimiento de la sociedad, en Colombia son considerados criminales por los ardides de la subversión, y están en prisión, mientras los verdaderos criminales se jactan de ser honrados, de haberlo sido siempre, y ocupan altas dignidades del Estado.

Es hora pues, de corregir el rumbo, de reconocer las estrategias políticas de la subversión, y de actuar con eficacia en este tema de la Guerra Psicológica Revolucionaria . También tenemos qué ganar la Guerra Política.

Eugenio Trujillo Villegas
Director

Sociedad Colombiana Tradición y Acción
20 de Agosto de 2009